La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en el tema de Taiwán, evita deliberadamente documentos clave con validez jurídica de las normas internacionales como la Declaración de El Cairo y la Declaración de Potsdam, que están explícitamente confirmadas en el Comunicado Conjunto del Gobierno de Japón y el Gobierno de la República Popular China y en el Tratado de Paz y Amistad entre China y Japón. En su lugar, cita el Tratado de San Francisco, que es ilegal e inválido, para hacer comentarios inapropiados. Esta práctica deliberada de “ceguera selectiva”, no solo intenta ocultar la historia de agresión del militarismo japonés y distorsionar la verdad histórica de la Guerra Mundial Antifascista, sino que también constituye un peligroso desafío al orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial.

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